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Ya está en vigor la Ley 1/2025 de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, una norma cuyo objetivo es reducir el impacto económico y social del desperdicio de alimentos, con una incidencia muy especial en el sector hostelero.

Tras su aprobación el año pasado se concedió un periodo de adaptación a las empresas, pero ese plazo ya ha terminado. Por ello, desde el 3 de abril de 2026 son plenamente exigibles todas las obligaciones previstas en la norma.

Si no cumplen las medidas establecidas, restaurantes y supermercados podrán enfrentarse a multas de hasta 500.000 euros por la Ley contra el desperdicio de alimentos.

A continuación, se explica con detalle el contenido de esta normativa y su efecto sobre las empresas.

La Ley contra el Desperdicio de Alimentos en España es una norma orientada a dar respuesta al gran reto de reducir la cantidad de alimentos que se tiran, incluso cuando muchos de ellos todavía son aptos para el consumo.

Esta iniciativa persigue varios objetivos esenciales:

• Reducir las pérdidas y el desperdicio alimentario en toda la cadena agroalimentaria mediante una gestión más eficiente de los recursos y el impulso de la economía circular.
• Fomentar una producción y un consumo responsables en línea con la Agenda 2030.
• Sensibilizar y formar a quienes intervienen en la producción, distribución, transformación, hostelería y restauración, así como a la población en general, sobre el uso responsable de los alimentos y la necesidad de evitar su despilfarro.
• Impulsar la donación a bancos de alimentos y otras organizaciones para que los productos que, de otro modo, se perderían puedan llegar a quienes los necesitan.
• Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes.
• Minimizar los riesgos asociados a posibles crisis alimentarias, reforzar la seguridad alimentaria y conseguir que más alimentos lleguen a quienes los requieren.

Tras su aprobación en el Congreso de los Diputados el 20 de marzo de 2025, la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario estableció un periodo transitorio para facilitar la adaptación del tejido empresarial.

Una vez finalizado ese plazo, la normativa resulta plenamente exigible desde el 3 de abril de 2026. Desde esa fecha, todas las empresas afectadas deben disponer de los protocolos y planes de prevención necesarios para evitar sanciones.

La Ley contra el Desperdicio de Alimentos incorpora una serie de principios básicos dirigidos a reducir el desperdicio en toda la cadena.

Entre ellos destaca la obligación de que las empresas suscriban convenios con las organizaciones receptoras para concretar:

• Las condiciones de recogida de alimentos.
• Los sistemas de almacenamiento.
• Los procedimientos de transporte.

Además, deben registrar y controlar el desperdicio, informando cada año sobre los alimentos desechados.

Para ello, la norma establece una jerarquía de prioridades:

Consumo humano.

Donación.

Otros usos, como alimentación animal, fines industriales u otros similares.

Las empresas deben incorporar en su Plan de Prevención distintas medidas destinadas a evitar el desperdicio de alimentos.

Cuando se trate de operadores que actúan en más de una comunidad autónoma, esta obligación podrá cumplirse mediante un plan integrado conjunto.

Los restaurantes y supermercados están obligados a concretar el destino que darán a los alimentos, dando siempre prioridad al consumo humano y a la donación a bancos de alimentos.

Las microempresas y las pequeñas explotaciones agrarias no están obligadas a contar con Planes de Prevención ni a firmar acuerdos de donación de excedentes.

También quedan exentos los pequeños comercios, restaurantes y establecimientos de menos de 1.300 m², salvo cuando formen parte de una empresa de mayor tamaño que, en conjunto, supere esa superficie.

Las empresas y los agentes de la cadena alimentaria deben disponer de un Plan de Prevención que indique cómo van a aplicar la jerarquía de prioridades para reducir el desperdicio.

Si, además, se formaliza un acuerdo de donación de excedentes, este deberá recoger:

• Las condiciones de recogida, transporte y almacenamiento de los alimentos.
• Los compromisos asumidos por las partes que intervienen en la donación.
• La selección de los alimentos que se van a donar, responsabilidad del agente donante.
• El derecho de la organización receptora a rechazar la donación, siempre con justificación documentada.
• Las condiciones de devolución en caso de rechazo, de forma que los alimentos sigan el orden de prioridades previsto en la ley.

Deben cumplir con la Ley contra el desperdicio alimentario quienes intervienen en la cadena alimentaria. Entre ellos destacan cooperativas y entidades dedicadas a la elaboración y distribución de alimentos, así como:

• Comercios al por menor.
• Entidades del tercer sector y entidades sociales.
• Empresas hosteleras y de restauración.
• Bancos de alimentos.
• Administraciones públicas.

La nueva legislación fija obligaciones específicas para la hostelería y la restauración con el fin de reducir el desperdicio de alimentos y fomentar hábitos de consumo más sostenibles.

Los restaurantes y las empresas hosteleras estarán obligados a:

• Facilitar que el cliente pueda llevarse la comida sobrante, informándole de esa posibilidad y entregándole envases reciclables o reutilizables.
• Transformar en nuevos productos aptos para el consumo aquellos alimentos que sigan en buen estado. Por ejemplo, si sobran naranjas, preparar zumo en lugar de tirarlas.

Es fundamental que restaurantes, cafeterías y bares indiquen de forma visible la posibilidad de llevarse la comida sobrante.

Ese aviso debe aparecer en la carta o en el menú del establecimiento.

La única excepción es la de los locales de tipo bufé libre, que no estarán obligados a ofrecer esta opción.

Además, los clientes no tendrán que pagar un coste adicional por llevarse la comida que haya sobrado.

Además, los restaurantes y empresas hosteleras deberán:

• Impulsar una compra más sostenible, priorizando productos frescos, de temporada, locales y ecológicos siempre que sea posible.
• Flexibilizar los menús para que los clientes puedan elegir el tamaño de las raciones o la guarnición.
• Favorecer la donación de alimentos a organizaciones sociales.
• Destinar los restos alimentarios a instalaciones de compostaje conforme a la normativa de residuos.
• Mejorar la separación de residuos orgánicos para su tratamiento adecuado.
• Formar al personal, tanto trabajadores como personas voluntarias, en prevención del desperdicio alimentario.
• Desarrollar campañas de concienciación para informar a clientes y personas trabajadoras sobre el impacto del desperdicio de alimentos.

Los supermercados tendrán que:

• Rebajar el precio de los productos con fecha de caducidad próxima para favorecer su compra y consumo rápido.
• Fomentar el consumo de productos de temporada.
• Ofrecer líneas de venta de productos con aspecto imperfecto o “feos”, siempre que cumplan la normativa europea de comercialización, evitando descartarlos por una cuestión puramente estética.
• Facilitar información clara a los consumidores sobre cómo aprovechar mejor los alimentos y sobre la seguridad de consumir productos con imperfecciones.
• Mostrar de forma visible información sobre las ventajas de consumir productos imperfectos, rompiendo la idea de que solo son válidos los alimentos con apariencia impecable.

Cuando existan productos que no sean aptos para el consumo humano, deberán transformarse en conservas o elaborados, como puede ocurrir con las mermeladas.

Si eso no fuera posible, se destinarán al consumo animal o a la fabricación de piensos. Como última alternativa, podrían utilizarse para producir compost.

La formación en materia de desperdicio alimentario no es obligatoria para todos los sectores.

Las empresas, supermercados y restaurantes que no respeten las obligaciones de la Ley contra el Desperdicio Alimentario podrán enfrentarse a sanciones económicas cuya cuantía dependerá de la gravedad de la infracción:

• Infracciones leves: las sanciones podrán alcanzar hasta 2.000 euros. Sería una infracción leve, por ejemplo, no contar con un banco de alimentos para donar los excedentes diarios.
• Falta de Plan de Prevención: las empresas que no implanten un Plan de Prevención se exponen a multas de entre 2.001 y 60.000 euros.
• Infracciones graves: tendrá esta consideración la comisión de dos infracciones en un plazo máximo de dos años.

En definitiva, las empresas que incumplan la ley y, además, reincidan, podrán afrontar multas de hasta 500.000 euros.