Consecuencias de tener trabajadores sin alta
No dar de alta a una persona trabajadora puede parecer una forma rápida de ahorrar costes, pero sus consecuencias son muy graves tanto para el empleado como para el autónomo que lo contrata. Puede constituir una infracción laboral grave y, en determinados supuestos, incluso tener trascendencia penal.
Dirigir un negocio supone asumir numerosas obligaciones laborales y fiscales. Entre las más importantes para cualquier trabajador por cuenta propia está la afiliación y alta de las personas que prestan servicios para su actividad antes de que comiencen a trabajar.
¿Cuál es la multa por tener a un trabajador sin alta en la Seguridad Social?
La normativa española protege de forma intensa los derechos de los trabajadores y el sostenimiento del sistema público. Por eso, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social considera especialmente grave que una persona esté trabajando sin estar dada de alta.
De acuerdo con la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), no comunicar el alta de un empleado antes de que empiece a prestar servicios constituye una infracción grave.
El importe de las sanciones depende del grado aplicado y de los criterios de graduación, como la reincidencia o la intencionalidad:
Grado mínimo: de 3.750 a 7.500 euros.
Grado medio: de 7.501 a 9.600 euros.
Grado máximo: de 9.601 a 12.000 euros.
Conviene recordar que la sanción se impone por cada persona trabajadora sin alta. Si en una actuación inspectora se detectan varios empleados en esa situación, la multa se multiplicará por cada uno de ellos.
Consecuencias económicas más allá de la sanción
Pagar la multa no significa que el autónomo haya saldado todas sus obligaciones con la Administración. Existen otros costes añadidos que pueden poner en riesgo la continuidad económica de la actividad.
Reclamación de cuotas pendientes con recargo por parte de la TGSS
Cuando la Tesorería General de la Seguridad Social detecta que no se ha dado de alta a una persona trabajadora, puede tramitar el alta de oficio y reclamar todas las cotizaciones que no se ingresaron desde el momento en que debió producirse el alta.
Estas cuotas atrasadas pueden llevar asociados los siguientes importes:
Un recargo del 20% sobre la deuda si se paga dentro del plazo concedido.
Intereses de demora desde la fecha en que las cuotas debieron haberse ingresado.
Pérdida de ayudas, subvenciones y bonificaciones para autónomos
Cometer una infracción grave en materia laboral puede provocar la pérdida automática de determinados beneficios, como:
Bonificaciones en la cuota de autónomos, incluida la Tarifa Plana.
Reducciones aplicables a las cotizaciones de la Seguridad Social.
Posibilidad de solicitar subvenciones públicas o ayudas a la contratación durante un periodo que puede alcanzar los dos años.
Accidentes de trabajo y trabajadores que perciben el paro
El riesgo económico se agrava todavía más cuando se produce un accidente laboral o cuando la persona contratada está cobrando una prestación pública incompatible con el trabajo realizado.
Responsabilidad directa y recargo de prestaciones en caso de accidente laboral
Si una persona trabajadora sin alta sufre una contingencia profesional, como un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, las consecuencias económicas para el autónomo pueden ser muy importantes.
Pago de prestaciones: el empleador puede tener que asumir directamente los gastos médicos, hospitalarios y las indemnizaciones que correspondan.
Recargo de prestaciones: la Seguridad Social puede imponer un recargo de entre el 30% y el 50% sobre todas las prestaciones económicas que reciba la persona lesionada. Este recargo recae directamente sobre el empresario y no puede asegurarse mediante una póliza.
Sanciones por contratar a una persona que está cobrando la prestación por desempleo
Si la persona contratada está percibiendo el paro u otra prestación pública y no comunica su situación para seguir cobrando indebidamente, la infracción puede pasar a considerarse muy grave.
En estos casos, la multa mínima se sitúa en 12.001 euros y puede llegar hasta 225.018 euros. Además, puede existir responsabilidad solidaria en la devolución de las cantidades cobradas indebidamente por la persona trabajadora.
Evitar sanciones laborales y mantener correctamente regularizadas las contrataciones es esencial para la tranquilidad de cualquier proyecto. Si necesitas revisar contratos, poner al día la situación de tu plantilla o regularizar tu negocio antes de una inspección, conviene contar con asesoramiento laboral especializado.
